Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, así como de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la LXII Legislatura del Estado de México, aprobaron un dictamen que contempla endurecer las penas por la tala clandestina. El enfoque principal es castigar con hasta 30 años de prisión la explotación y degradación ilegal de los recursos forestales.
La iniciativa conjunta, presentada por la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, representa una respuesta contundente al creciente deterioro forestal en la entidad.
Reforma al Código Penal: endurecimiento y ampliación de sanciones
El dictamen aprobado modifica el Código Penal estatal para elevar la pena máxima de prisión por tala ilegal. Además de los 30 años estipulados, se abre la posibilidad de sentencias de hasta 100 años en casos con agravantes acumulables.
Durante la sesión, presidida por la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), legisladores de diversas bancadas respaldaron el dictamen. Se reconoció que esta reforma no sólo busca sancionar, sino también proteger a adultos mayores forzados a participar en actividades ilícitas.
Vanessa Linares señaló que esta medida permitirá a los jueces emitir sentencias más severas, lo que fortalecerá el marco legal de protección ambiental.
Impacto ambiental y compromiso institucional
El diputado Esteban Juárez Hernández (morena) vinculó la reforma con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, concretamente con el Eje de Bienestar Ambiental y Acceso Universal al Agua. Según Juárez, el endurecimiento de penas refleja el compromiso de la administración estatal con el medio ambiente.
Por su parte, el legislador Vladimir Hernández Villegas resaltó que no se trata solo de castigo, sino de atacar las causas del problema. Enfatizó que se están reforzando los programas institucionales que atienden las raíces de la tala clandestina.
Una situación crítica: 39 municipios en emergencia
La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) advirtió que seis regiones del estado enfrentan una crisis grave de tala ilegal. En total, 39 municipios ya están en estado de emergencia ambiental.
Desde Movimiento Ciudadano, Maricela Beltrán Sánchez sostuvo que el aumento de sanciones resulta insuficiente por sí solo. Propuso avanzar hacia leyes secundarias, programas de prevención y políticas públicas integrales para la conservación forestal.
Asimismo, Ruth Salinas Reyes recordó que la población de Ocuilan ha denunciado reiteradamente la falta de acción gubernamental frente a la tala clandestina.
Llamado a una protección más amplia y efectiva
La diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) instó a continuar reformando el marco legal. Su objetivo es enfrentar con firmeza a quienes deforestan de forma clandestina. La protección de áreas naturales y ecosistemas vulnerables, dijo, debe fortalecerse con una política ambiental efectiva.
Por su parte, Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena) instó a traducir esta reforma en acciones concretas para la defensa de los bosques que hoy enfrentan presiones urbanísticas tras la tala ilegal.
