La legisladora Alejandra Figueroa Adame, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó ante el Congreso del Estado de México un punto de acuerdo en el que exhorta a los ayuntamientos a crear o fortalecer sus institutos municipales de juventud. La diputada solicitó también que los gobiernos municipales informen a la Legislatura local el presupuesto asignado para la atención de este sector, uno de los más numerosos en la entidad.
Crecimiento demográfico juvenil y su impacto
El exhorto se justifica con base en proyecciones del Consejo Estatal de Población, que estiman que en 2025 el Estado de México tendrá 2 millones 987 mil 399 personas jóvenes, de entre 12 y 29 años. De este total, un millón 488 mil 613 serán mujeres y un millón 498 mil 786 hombres, lo que convierte a este grupo etario en el segundo más numeroso del estado.
Este crecimiento implica nuevos desafíos. La diputada Figueroa alertó sobre las principales problemáticas que enfrenta esta población:
- Adicciones (alcohol, tabaco y drogas): 34.4%
- Falta de oportunidades educativas: 18.6%
- Desempleo juvenil: 14.4%
- Violencia e inseguridad: 13.8%
- Problemas familiares o personales: 9%
- Embarazo adolescente: 4.8%
- Acoso escolar (bullying): 4.6%
Instituciones juveniles sin estructura formal
Figueroa Adame explicó que, aunque algunos municipios sí cuentan con institutos de juventud, estos muchas veces operan como direcciones o subdirecciones, lo cual limita su capacidad de acción.
La falta de estructura autónoma impide que se diseñen y ejecuten programas con verdadero impacto en la calidad de vida de las juventudes.
Reconoció que la ley no obliga de manera explícita a los municipios a fundar estos institutos, pero consideró indispensable avanzar hacia su creación como una medida urgente para garantizar una atención institucional más sólida.
Llamado a la acción y respaldo parlamentario
La diputada Maricela Beltrán Sánchez, del partido Movimiento Ciudadano, se sumó a la iniciativa, subrayando la importancia de pasar del discurso a las acciones concretas. Ambas legisladoras coincidieron en que reconocer a la juventud como sector prioritario debe traducirse en políticas públicas efectivas respaldadas por recursos suficientes.
El punto de acuerdo no solo solicita la creación de institutos, sino que exige informes detallados sobre cómo se está atendiendo actualmente a la juventud en cada municipio, así como el desglose presupuestal asignado para programas enfocados a este grupo.
