Entre las diez personas que perdieron la vida en el accidente de Atlacomulco, cuando un autobús de Herradura de Plata intentó ganarle el paso al tren, estaba Liliana García Cristóbal, de 27 años.Su madre, María del Carmen Cristóbal, la recuerda como una joven independiente, alegre y trabajadora.

“Le gustaba mucho salir a conocer lugares, trabajar, tener su propio dinero, no le gustaba depender de nadie. Así quiero recordarla, con los momentos alegres y tristes que vivimos juntas”, compartió.

Liliana se ganaba la vida como empleada doméstica en la Ciudad de México. Durante la semana permanecía en la capital y cada quince días regresaba a San Felipe del Progreso para reunirse con su familia. El lunes salió como siempre de madrugada, rumbo a su trabajo, pero el viaje quedó truncado en las vías de Atlacomulco.

Una despedida con raíces mazahuas

La joven fue sepultada en San Lucas Ocotepec, su comunidad natal, donde flores, copal y cantos marcaron la ceremonia. La tradición mazahua estuvo presente: parte de su ropa fue arrojada al sepulcro, como símbolo de acompañamiento en su tránsito espiritual.

En el mismo accidente también perdieron la vida Valentina, Edith, Blanca Flor, Carolina, María de la Luz, Rosa María, Carlos Daniel, Antonio y Librado, mientras que decenas de pasajeros resultaron heridos, entre ellos una prima de Liliana.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de México, 38 lesionados ya fueron dados de alta, pero 19 permanecen hospitalizados, cinco de ellos en estado delicado.

Exigen justicia para las víctimas

Para la madre de Liliana, la tragedia no solo dejó dolor, sino también un sentimiento de injusticia. El chofer del autobús continúa prófugo.

“Si lo encontrara no sé qué iba a hacer, porque es una irresponsabilidad que pongan chóferes que no tienen precaución”, reclamó.

La empresa de transporte absorbió los gastos funerarios de las víctimas; sin embargo, familiares señalaron que no ha habido más comunicación ni apoyos adicionales.

Abogados externos han sugerido iniciar una demanda colectiva para que se determinen responsabilidades legales y se garantice justicia a las familias afectadas.