En el contexto histórico de México, el sistema político ha otorgado al presidente el privilegio de nombrar al candidato de su partido para la siguiente elección presidencial. Durante 65 años, esta práctica se convirtió en una tradición arraigada en el país. Sin embargo, en los últimos tiempos, se han producido cambios significativos en el sistema político mexicano que han cuestionado este privilegio presidencial y han dado lugar a demandas de reforma.
El privilegio presidencial
El origen del privilegio presidencial se remonta a décadas pasadas, cuando el partido en el poder ejercía un control casi absoluto sobre la política mexicana. El presidente en funciones tenía la facultad de designar a su sucesor dentro del partido, lo que garantizaba que el próximo candidato fuera elegido y, en última instancia, se convirtiera en el próximo presidente. Esta práctica consolidó el poder y la continuidad del partido en el gobierno.
Críticas al sistema
Sin embargo, este sistema de sucesión presidencial ha recibido críticas debido a la concentración de poder que implica. Al otorgarle al presidente en funciones la capacidad de elegir al candidato, se limita la competencia política interna dentro del partido. Esto ha llevado a un estancamiento en el sistema político mexicano y a una falta de alternativas reales para los ciudadanos.
Además, la falta de competencia política ha generado una sensación de apatía entre la población, ya que se percibe que el resultado de las elecciones está predeterminado y que no importa la participación ciudadana. Esto ha llevado a una disminución en la confianza en el sistema político y a un aumento en la desafección hacia la clase política.
Cambios y reformas del tapado
En los últimos años, movimientos sociales y demandas de cambio han surgido en México. La sociedad civil ha alzado la voz en contra del privilegio presidencial y ha exigido reformas para promover la transparencia, la competencia y la participación ciudadana en el sistema político. Estas demandas han llevado a la implementación de reformas constitucionales y electorales con el objetivo de fortalecer la democracia
