El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad una reforma histórica al Código Penal local que endurece las sanciones por el delito de despojo de inmuebles, estableciendo penas de hasta 25 años y seis meses de prisión, además de mil 500 días multa. Esta medida busca proteger el derecho a la propiedad, combatir la corrupción y evitar abusos, especialmente en casos donde participan autoridades o notarios de forma dolosa.
Carlota y Guadalupe, los rostros del problema
La reforma se inspiró en casos recientes que indignaron a la opinión pública. Como el de la señora Carlota “N”, de 74 años, quien en abril disparó contra personas que se negaban a desalojar su vivienda en Chalco; o el de Guadalupe Chávez, de 102 años, quien peleó por recuperar su casa en Naucalpan durante más de cuatro años.
El legislador José Miguel Gutiérrez Morales, de Morena, presentó el dictamen que contempla agravantes como el uso de documentos falsos para registrar propiedades en el IFREM, la suplantación del propietario, la participación de notarios o servidores públicos, la violencia física, o cuando las víctimas son adultos mayores, menores, embarazadas o indígenas.
Reformas con visión social y anticorrupción
El nuevo texto legal también considera delito grave impedir materialmente el uso de un inmueble ajeno, desviar aguas sin autorización o afectar áreas naturales protegidas, con penas que van de cinco a doce años de prisión, según la modalidad.
Octavio Martínez, también de Morena, subrayó que se busca reducir los casos de despojo, dotar de herramientas a la Fiscalía mexiquense y construir un auténtico Estado de Derecho. A su vez, Samuel Hernández Cruz alertó que en la zona metropolitana hay más de 600 mil viviendas abandonadas, muchas bajo amenaza de invasión.
Debate con críticas y llamados a la equidad
Durante la sesión, la diputada Ruth Salinas Reyes (MC) cuestionó que se limite el agravamiento de la pena solo a mujeres embarazadas, lo que —dijo— podría representar una forma de violencia de género. En tanto, el priista Eduardo Zarzosa llamó a respetar los acuerdos legislativos y su compañero Maurilio Hernández (Morena) pidió mantener un debate civilizado.
La reforma también estipula que el delito de despojo será permanente mientras se mantenga la posesión ilegítima del inmueble, sin importar si la disputa por la propiedad aún no se resuelve legalmente.
