En una polémica sesión, la LXII Legislatura del Estado de México aprobó la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). La decisión fue impulsada por Morena y respaldada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Con el argumento de simplificar la estructura gubernamental, optimizar recursos y reforzar el derecho ciudadano al acceso a la información.
El dictamen avalado modifica la Constitución estatal para transferir las funciones del Infoem a los órganos de control interno de los sujetos obligados, bajo principios de eficiencia, legalidad y austeridad republicana.
“No se coarta el derecho a la información”: Diputados morenistas
Durante la discusión, legisladores de Morena defendieron que la extinción del Infoem no implica una regresión en los derechos ciudadanos. El diputado Gerardo Pliego Santana aseguró que el instituto se había convertido en un “botín político” y que los recursos liberados se destinarán a atender necesidades sociales. La legisladora María José Pérez Domínguez calificó la medida como un “reconocimiento de un fracaso institucional costoso” y apostó por un modelo más eficaz y menos burocrático.
Oposición advierte debilitamiento institucional
La decisión generó fuertes críticas por parte de las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Las diputadas Rocío Alexia Dávila y Ruth Salinas señalaron que se elimina un canal esencial de rendición de cuentas. Por su parte, Eduardo Zarzosa (PRI) acusó que esta reforma responde a intereses federales más que a necesidades locales. Omar Ortega (PRD) alertó sobre el peligro de seguir desapareciendo instituciones democráticas.
¿Qué sigue tras la extinción?
De acuerdo con el decreto, el Infoem dejará de existir una vez que entren en vigor las leyes secundarias, las cuales deberán aprobarse en un plazo de 90 días. Los recursos humanos, materiales y presupuestales del instituto serán transferidos a las nuevas instancias responsables. También se garantizará la protección de datos y la transparencia mediante estructuras de control interno, alineadas con la normativa federal.
El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Edoméx también jugará un papel clave, con la integración de diversas autoridades estatales. Los sujetos obligados seguirán brindando acceso a la información bajo criterios de claridad, veracidad y máxima publicidad.
El debate sobre si esta medida representa un avance en eficiencia o un retroceso democrático sigue abierto.
