El PJEdomex abrió el registro para abogados con cédula vigente que deseen ofrecer servicios legales gratuitos a grupos vulnerables.
El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) habilitó el registro para las y los abogados interesados en incorporarse al padrón de la Alianza Pro Bono, un programa que busca facilitar servicios de defensa legal gratuita a grupos en situación de vulnerabilidad, comunidades y organizaciones que carecen de recursos económicos.
Las personas interesadas deben contar con cédula profesional vigente e ingresar a la plataforma electrónica disponible en www.pjedomex.gob.mx, donde deberán completar la Cédula de Información. Una vez aceptada su incorporación, tendrán que adjuntar la Carta Compromiso debidamente firmada y generar un usuario para ingresar a la plataforma y registrar los asuntos que atenderán.
Durante el proceso, las y los participantes podrán consultar una guía rápida para capturar su información. La Coordinación de Relaciones Intergubernamentales del Tribunal Superior de Justicia fungirá como enlace para la operación del programa.
El PJEdomex precisó que los servicios proporcionados por las personas profesionistas inscritas estarán bajo su estricta responsabilidad técnica, ética y profesional. La institución actuará únicamente como facilitadora de la vinculación, sin intervenir en la relación jurídica entre abogados y beneficiarios ni asumir responsabilidad por las actuaciones o resultados de los asuntos atendidos.
De acuerdo con la información institucional, el Estado de México concentra el 10 por ciento de los asuntos de defensoría pública a nivel nacional, en el ámbito estatal, y el 24 por ciento de las causas penales ingresadas a juzgados estatales de juicio oral.
La estrategia, presentada en agosto de 2026, busca contribuir a reducir la brecha legal mediante la colaboración entre el sector público y abogados postulantes, con atención a temas de interés público, discriminación, equidad de género y defensa de los derechos humanos.
El programa contempla principios como gratuidad, confidencialidad, secreto profesional, prevención de conflictos de interés, diligencia y responsabilidad social comunitaria.
