El Poder Judicial del Estado de México firmó un acuerdo con el PNUD para fortalecer la seguridad institucional, el acceso a la justicia y la capacitación mediante cooperación internacional.
El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) firmó un Acuerdo Específico de Contribución con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el propósito de fortalecer la seguridad institucional, ampliar el acceso efectivo a la justicia y consolidar mecanismos de cooperación internacional en beneficio de la ciudadanía.
La firma del convenio se llevó a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México y contó con la participación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García; Silvia Morimoto y Annabelle Sulmont, representantes del PNUD; además del magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial; la magistrada Maricela Reyes Hernández, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, y Tony Argelio Rojas Gil, director general de Proyectos en el Exterior de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
Durante el acto, Héctor Macedo García señaló que la colaboración permitirá fortalecer la seguridad institucional del Poder Judicial mexiquense, así como ampliar la cooperación en temas relacionados con el acceso a la justicia, derechos humanos, innovación, transformación digital e intercambio de buenas prácticas internacionales.
El magistrado agregó que el programa impulsará acciones para reforzar la prevención, la gestión de riesgos, la coordinación entre instituciones y la capacitación especializada de las personas servidoras públicas del Poder Judicial.
Por su parte, Silvia Morimoto indicó que la alianza busca contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho mediante un servicio de justicia más cercano, seguro y centrado en las personas. Añadió que el PNUD brindará acompañamiento para consolidar una institución más transparente, resiliente y preparada para responder a las necesidades de la población.
Annabelle Sulmont explicó que el proyecto tendrá una duración de 12 meses e incluirá asistencia técnica, capacitación, desarrollo de herramientas operativas y estrategias de gestión del cambio para fortalecer las capacidades institucionales y generar mayor confianza ciudadana.
Asimismo, Fernando Díaz Juárez informó que el programa contempla un protocolo integral basado en tres ejes: la protección de personas juzgadoras mediante diagnósticos de vulnerabilidad y mecanismos de seguridad; la protección del personal judicial y de quienes acuden a los órganos jurisdiccionales; y el fortalecimiento de la ciberseguridad para resguardar la información institucional y los datos personales.
