El Poder Judicial del Estado de México advierte posibles riesgos operativos por la elección judicial federal, ante la posible falta de personal y afectaciones en tribunales.
La posible implementación de la elección de jueces y magistrados a nivel federal podría generar una crisis operativa en el Poder Judicial del Estado de México, advirtió su presidente, Héctor Macedo García, al señalar que los tiempos actuales no garantizan condiciones viables para su ejecución.
El magistrado explicó que, aunque existe la intención de solicitar un aplazamiento del proceso, hasta el momento no hay una resolución concreta, ya que cualquier ajuste depende exclusivamente de decisiones en el ámbito federal.
La preocupación central, dijo, no radica en el aspecto político, sino en las implicaciones prácticas que tendría la salida simultánea de juzgadores para participar en campañas electorales. Esta situación podría dejar a los tribunales sin personal suficiente para atender la carga de trabajo diaria.
De acuerdo con estimaciones internas, cerca de 400 jueces y más de 30 magistrados podrían involucrarse en el proceso, lo que representaría una reducción significativa en la capacidad operativa del sistema judicial mexiquense.
A esto se suman las limitaciones legales que enfrentan los integrantes del Poder Judicial, quienes, por la naturaleza de su cargo, no pueden hacer campaña de la misma forma que otros actores políticos, lo que complica aún más el escenario electoral.
El sector judicial analizó el tema en reuniones nacionales y acordó previamente aplazar hasta 2030 la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, debido a la falta de infraestructura y recursos en las entidades.
Ahora, la atención se centra en el modelo de elección judicial, que podría atraer a miles de aspirantes en todo el país y coincidir con otros procesos electorales, generando una alta saturación política y logística.
Ante este panorama, una de las propuestas que se han planteado es realizar la elección de manera escalonada; sin embargo, Macedo García reiteró que esta decisión no está en manos de los estados.
Finalmente, subrayó la necesidad de replantear los tiempos y condiciones del proceso para evitar afectaciones al acceso a la justicia de la ciudadanía.
