El Congreso del Estado de México aprobó una reforma de gran alcance a la Ley de Amnistía estatal para ampliar los supuestos bajo los cuales una persona privada de la libertad podrá solicitar este beneficio, especialmente en casos donde existieron violaciones al debido proceso, falta de perspectiva de género o contextos claros de vulnerabilidad social.

La modificación representa un cambio importante en el enfoque jurídico mexiquense, al reconocer que no todas las personas enfrentan un proceso penal en igualdad de condiciones y que, en muchos casos, las fallas institucionales, la discriminación o la pobreza terminan agravando la injusticia.

¿Qué cambia con esta reforma?

Con la aprobación del dictamen, podrán acceder a la amnistía mujeres acusadas o sentenciadas cuyos procesos no hayan sido juzgados con perspectiva de género o de derechos humanos. También se abre la posibilidad para personas procesadas o sentenciadas por delitos cometidos en un contexto de vulnerabilidad manifiesta, desventaja, asimetría o bajo alguna categoría sospechosa de discriminación.

Uno de los puntos más relevantes es que la reforma contempla incluso a personas privadas de la libertad por delitos que atentan contra la vida, la libertad o la integridad personal, siempre que exista una resolución, recomendación o pronunciamiento de organismos de derechos humanos, ya sean internacionales, nacionales o locales, donde se acrediten violaciones a derechos fundamentales o al debido proceso y se proponga su libertad.

Además, el beneficio se podrá aplicar tanto a personas vinculadas a proceso como a quienes ya cuenten con sentencia firme ante tribunales del orden común. La legislación establece que este mecanismo deberá aplicarse sin discriminación, con pleno respeto a la constitucionalidad y a los derechos humanos, siempre y cuando la persona no sea reincidente en el delito por el cual solicita la amnistía.

Crean comisión legislativa para revisar casos

Otro de los cambios centrales es la creación de la Comisión Legislativa de Seguimiento a los Casos de Amnistía, la cual tendrá carácter permanente, será plural y podrá promover o solicitar el trámite para que una persona recupere su libertad.

Este órgano podrá conocer casos presentados por familiares con parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, así como por organizaciones y organismos públicos defensores de derechos humanos debidamente registrados y sin fines de lucro. También podrá intervenir cuando existan indicios de violaciones de derechos humanos, fallas en la aplicación de principios penales del sistema acusatorio o incluso presunción de fabricación de delitos.

La comisión podrá solicitar opiniones consultivas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la Fiscalía General de Justicia estatal, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica. De igual forma, podrá recabar posturas de organizaciones civiles, instituciones académicas y especialistas en la materia.

Refuerzan defensa jurídica y orientación a solicitantes

La reforma también fortalece el acompañamiento institucional a las personas que busquen este beneficio. El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México será responsable de brindar asesoría, defensa jurídica y representación legal ante las autoridades competentes, mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México proporcionará orientación especializada para detectar posibles violaciones a derechos humanos o al debido proceso.

En la nueva redacción legal también se sustituye al Consejo de la Judicatura por el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial estatal como la instancia facultada para emitir los lineamientos del procedimiento.

Debate en el pleno: respaldo y reservas

Durante la sesión, el diputado Octavio Martínez Vargas destacó que esta reforma recoge planteamientos expresados por colectivos y familiares de personas privadas de la libertad durante un foro realizado en noviembre pasado. Afirmó que el Estado de México se convierte en la primera entidad del país en legislar la amnistía con un enfoque integral que reconoce deficiencias del sistema judicial y de procuración de justicia.

Incluso llamó a que la comisión legislativa quede instalada antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, es decir, a más tardar el 15 de mayo, para acelerar la revisión de expedientes.

En contraste, el diputado Mariano Camacho San Martín, del PRI, votó en contra del dictamen al advertir que no se deben convertir las fallas institucionales en decisiones que puedan generar más incertidumbre. Consideró que la estrategia debe centrarse en prevenir la violencia, corregir el actuar ministerial y judicial, y fortalecer la reinserción social.

Por su parte, la diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, respaldó el dictamen y pidió revisar con esta nueva visión los casos pendientes, además de solicitar recursos presupuestales suficientes en el próximo paquete fiscal para hacer viables las reformas.

Un paso hacia una justicia más sensible

Más allá del debate político, la reforma abre una nueva ruta legal para personas que pudieron haber sido procesadas en condiciones de desigualdad o sin garantías plenas. El mensaje de fondo es claro: la justicia no puede ser igual para todas y todos cuando las condiciones de origen, acceso a defensa o trato institucional han sido profundamente desiguales.

Con esta decisión, el Congreso mexiquense coloca en la agenda pública un modelo de justicia con mayor sensibilidad social, donde la revisión de casos no solo dependerá del expediente judicial, sino también del contexto humano en el que ocurrieron.