En un paso clave hacia la seguridad patrimonial, el Gobierno del Estado de México firmó un convenio con autoridades agrarias federales para facilitar la regularización de terrenos en ejidos y comunidades. La firma se realizó en San Antonio la Isla, donde participaron el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria.
El objetivo del acuerdo es coordinar acciones para que familias asentadas en propiedad social puedan cambiar su régimen a propiedad privada, con respaldo jurídico y sin costo para los beneficiarios.
El Imevis asumirá el costo del registro
Uno de los beneficios más importantes del convenio es que el Instituto Mexiquense de la Vivienda asumirá el pago de derechos ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM). Esto significa que las personas no tendrán que desembolsar recursos para formalizar el registro de su título de solar urbano.
“El cambio de régimen se hará ante el RAN y el Imevis gestionará su inscripción en el IFREM, sin costo alguno para la ciudadanía”, detalló la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura.
Un patrimonio con certeza
Con esta acción, se busca dotar de certeza jurídica a miles de familias mexiquenses que viven en asentamientos ubicados en tierra de propiedad social. El cambio les permitirá consolidar legalmente su patrimonio y acceder a los beneficios de contar con una propiedad privada.
El convenio también refuerza el derecho a una vivienda adecuada y fortalece el ordenamiento territorial en la entidad.
Coordinación interinstitucional
El acuerdo fue signado por representantes del Imevis, RAN, Procuraduría Agraria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el IFREM. Esta alianza permitirá agilizar trámites, compartir información y evitar duplicidades, todo en beneficio de quienes más lo necesitan.
La medida se inscribe dentro de las políticas públicas del Gobierno estatal para garantizar el derecho a la vivienda y promover el ordenamiento territorial, en cumplimiento con la normatividad vigente y el respeto a los derechos humanos.
