El Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México reafirma su compromiso con el respeto a los derechos humanos, especialmente de quienes más protección requieren: niñas, niños y adolescentes.
En una resolución unánime, la Comisión Permanente de la Región Toluca determinó la inhabilitación por diez años de un Juez de Primera Instancia, tras comprobar que su actuación vulneró gravemente los derechos de la infancia.
Excluyó a autoridades encargadas de proteger a menores
La sanción se emitió luego de que se acreditara que el juez omitió incluir en diversos procedimientos judiciales a autoridades clave como el Ministerio Público y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Estas omisiones comprometieron directamente el bienestar de menores involucrados en procesos jurídicos, al no garantizar su representación legal ni protección adecuada ante decisiones judiciales.
No es un trámite, es una obligación constitucional
El Tribunal enfatizó que la protección de los derechos de la infancia no es una formalidad, sino una responsabilidad constitucional que debe prevalecer en cada resolución que involucre a personas menores de edad.

Por ello, se determinó que el servidor público no podrá ejercer funciones jurisdiccionales ni ocupar ningún cargo dentro del servicio público durante el periodo dictado.
También sancionan a secretarios judiciales
Adicionalmente, se impuso una amonestación pública a dos secretarios judiciales que participaron en los mismos procedimientos. Se concluyó que su falta de acción para informar a las autoridades correspondientes contribuyó a las violaciones de derechos.
Este tipo de decisiones buscan sentar un precedente claro: no habrá tolerancia frente a conductas que pongan en riesgo el interés superior de la niñez.